Going on about urban planning principles - A vueltas con los principios urbanísticos

In 1956 is created in Spain an urban-legal framework in line with a developing country. Due to the socio-economic circumstances of the time, the historical legislator sought to break with the existing urban projects under the previous regulations, that resulted in building short_term interventions producing negative results by allowing certain populations to grow in an excessive way at the expense of rural land. But as the explanatory statement designates: "the benefit that can be obtained by transforming the rural land into solar is perfectly lawful, wherever the owner who has paid the urbanization determinant of that improvement and subsequent increase in value". In exchange for the distribution of capital gains generated by the transformation of the rustic soil into urban, individuals become responsible of urbanization costs, releasing to the public administrations of the great financial burden involved. In 1978 the Spanish Constitution in its article 47.2, welcomes this system allowing and promoting its development through regional legislation. This report raises the problem of a system that by relying on the surplus value of the land has resulted in the inevitable increase in value of it selves, and therefore, the generation of real estate crisis that make shake the general economic stability. Seventy years after its implementation, Spain is one of the most developed countries in the world, with a strong economy that allows the construction of a city through public resources. This article outlines a way of solution for the transformation of the legal framework, leaving for future research, more concrete and studied proposals.ResumenEn el año 1956 se crea en España un marco jurídico-urbanístico acorde con un país en vías de desarrollo. Dadas las circunstancias socio-económicas, el legislador histórico pretendió romper con las actuaciones urbanísticas existentes al amparo de la normativa anterior que dio lugar a intervenciones en materia de edificación a corto plazo, produciendo resultados negativos al permitirse que determinadas poblaciones crecieran de manera desmesurada a costa de suelos rústicos. Si bien y como la propia Exposición de Motivos señala: "el beneficio que puede obtenerse de transformar el terreno rústico en solar es perfectamente lícito, siempre que sea el propietario quien haya costeado la urbanización determinante de aquella mejora y subsiguiente incremento de valor". A cambio del reparto de las plusvalías generadas por la transformación del suelo de rústico a urbano, los particulares se hacen cargo de los costes de urbanización, liberando a las administraciones públicas de la gran carga económica que ello supone. En 1978 la Constitución Española, en su articulo 47.2, acoge este sistema permitiendo e impulsando su desarrollo a través de la legislación autonómica. En este trabajo se plantea el problema de un sistema que al basarse en la plusvalía de los terrenos, tiene como consecuencia el inevitable aumento de valor de los mismos, y por ende, la generación de crisis inmobiliarias que hacen tambalear la estabilidad económica general. Setenta años después de su implantación, España es uno de los países más desarrollados de mundo, con una fuerte economía que permite realizar la construcción de ciudad a través de recursos públicos. En el presente artículo se esboza un camino de solución para la transformación del marco jurídico, dejando para futuras investigaciones, propuestas más concretas y estudiadas.